Para dar respuesta al clamor de la sociedad mexicana de vivir en un país seguro, los Poderes Ejecutivo y Estatales, el Poder Judicial, el Congreso de la Unión, representantes de las asociaciones de presidentes municipales, así como medios de comunicación y las comunidades religiosas, empresariales, sindicales y sociedad civil firmaron el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Este acuerdo contempla políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo.