El día de hoy he presentado una iniciativa en materia de financiamiento público a los partidos políticos y quisiera compartir con ustedes y con la opinión pública algunos detalles del impacto favorable que podría traer la aprobación de esta iniciativa.

La propuesta alcanza tres grandes rubros:

Primero, la reducción del 50 por ciento del financiamiento público ordinario que otorga el IFE anualmente a los partidos políticos; una reducción a la mitad en las prerrogativas para gasto ordinario de los partidos políticos nacionales.

En segundo lugar, la eliminación absoluta, al cien por ciento, del financiamiento público local que se otorga a los partidos políticos nacionales. Como ustedes saben, además del régimen de prerrogativas del IFE, existe a nivel local un régimen propio que establece también prerrogativas para los partidos políticos nacionales, lo cual les crea y genera un doble financiamiento que ahora proponemos eliminar en lo absoluto.

Y en tercer lugar, la reducción del sueldo de los Consejeros del IFE. Como ustedes saben, hoy en día, de acuerdo al Artículo 41 Constitucional, los Consejeros del IFE tienen, para los efectos de sueldos e ingresos, un estatus similar al de Ministro de la Corte.

Esto, en su momento, tendría algún sentido en razón de la necesidad de darle al IFE ciudadano, entonces naciente en el año 96, condiciones suficientes para su autonomía e independencia.

Hoy consideramos que en medio de las circunstancias que vive el país, es imprescindible también que en el IFE se haga un esfuerzo para reducir gastos, dado que también estas circunstancias que justificaron en su momento estas prerrogativas, ya no existen ahora.

Estimamos que esta propuesta representaría una clara respuesta y un compromiso de los partidos políticos en estos momentos en los que la crisis económica golpea fuertemente a millones de familias mexicanas y en los que millones de compatriotas han caído debajo de la línea de pobreza, como lo ha anunciado recientemente el Presidente Calderón.

Se trata de un esfuerzo que podría representar para el país, en caso de aprobarse, ahorros de 3 mil 300 millones de pesos. De estos 3 mil 300 millones, mil 700 provendrían de la reducción al 50 por ciento del financiamiento federal y mil 600 provendrían de la eliminación del cien por ciento del financiamiento público de los estados.

Esto, por lo tanto, nos llevaría a una cifra que es significativa: 3 mil 300 millones de pesos...