Gravar las remesas es condenar a más familias a vivir con menos comida, menos salud, menos educación y mayor desigualdad.

El nuevo impuesto podría fomentar el uso de canales informales, generando riesgos de lavado de dinero, fraude, inseguridad y pérdida de reservas internacionales.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, hizo un llamado al Senado de los Estados Unidos para que frene el impuesto del 3.5% a las remesas que envía la comunidad migrante a sus países de origen, entre ellos México.

El dirigente panista exhortó al Congreso estadounidense a “detener esta medida injusta” y a proteger “a quienes más sostienen a la economía de los Estados Unidos desde fuera”.

“Se debe presentar un Plan diplomático serio y sobre todo que proteja a quienes apoyan a México desde fuera. Nuestras paisanas y paisanos no pueden seguir siendo utilizados como bandera política, lo que necesitan es respaldo y lo necesitan ahora. Desde el PAN pondremos todo de nuestra parte para evitar ese abuso”, afirmó.

Romero destacó que este impuesto representaría un golpe directo a millones de familias mexicanas que dependen de las remesas para subsistir. En 2024, México recibió 64 mil 700 millones de dólares por este concepto, por lo que aplicar un gravamen del 3.5% implicaría una pérdida anual de más de 2 mil 260 millones de dólares para quienes más lo necesitan.

“Menos remesas significa más pobreza. Las remesas son el sustento de más de 10 millones de personas. Reducirlas es condenar a más familias a vivir con menos comida, menos salud, menos educación y mayor desigualdad”, advirtió.

Asimismo, explicó que la economía mexicana también resentirá el impacto, ya que las remesas representan más del 3.5% del PIB y son el motor del consumo en muchas comunidades. Un impuesto como este limitará el dinamismo económico en entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y muchas más.

También alertó sobre el riesgo de que esta medida provoque el crecimiento de una economía paralela. “Este gravamen podría empujar a muchos migrantes a enviar dinero por canales informales, en efectivo o sin regulación, generando riesgos de lavado de dinero, fraude, inseguridad y pérdida de reservas internacionales”, señaló.

Finalmente, lamentó la pasividad del gobierno federal ante esta amenaza, al no alzar la voz en defensa de los migrantes y, por el contrario, celebrar que el impuesto sea de 3.5% y no del 5% originalmente propuesto.

“Con este impuesto, los migrantes no solo pierden dinero. Pierden la confianza en un gobierno que les dio la espalda”, concluyó.