•    El gobierno federal intenta entorpecer la labor de los medios y de las áreas de comunicación de los gobiernos.
•    Violentan el derecho al acceso a la información de la ciudadanía y atentan contra la transparencia.

León, Guanajuato. A 18 de enero de 2023. Con sus modificaciones a las leyes, las cuales están desinformadas y fuera de la realidad, el gobierno de la mal llamada cuarta transformación continúa atentando contra los medios de comunicación, la transparencia y el derecho a la información.

Así lo informó el presidente del Comité Directivo Estatal, Eduardo López Mares, quien en rueda de prensa explicó que desde esta organización se presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la ley general de comunicación social presentada anteriormente por el ejecutivo federal.

Esto específicamente sobre el Artículo 26, que establece que el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
Por ejemplo, si un municipio destinaba 1 millón de pesos al año en comunicación social, ahora sólo podría invertir mil pesos.

“Este es un golpe directo a la libertad de expresión, a la rendición de cuentas y en específico a los medios de comunicación, pues los gobiernos estarán impedidos por ley para celebrar convenios de colaboración y publicidad que permitan informar adecuada y oportunamente a la ciudadanía”, expresó López Mares.

De acuerdo con López Mares esto impactaría en la operatividad de los medios y en la posibilidad que tendrían de dignificar y reconocer la labor de sus colaboradores, que se traduciría en productos e información de menor calidad y oportunidad para las y los ciudadanos e inhibiría su participación.

El diputado federal, Fernando Torres Graciano, dijo que con esta medida no solo se busca limitar el gasto de las áreas de comunicación, si no interrumpir el derecho de informarse a la ciudadanía y el derecho de los servidores públicos a difundir su trabajo. 

Además de que con esta nueva medida, les daría campo abierto para promocionar tanto al presidente como a los futuros candidatos y que estos actos quedarían impunes.

“Finalmente no le corresponde al gobierno hacer uso de esa garantía individual. Lo que quieren es traer al presidente en campaña, argumentando que es su derecho a la libertad de expresión. Por supuesto que las y los ciudadanos tenemos derecho a la información, pero queremos saber en qué se gasta nuestro dinero, no que opinan de los opositores”.

Agregó que este tema será revisado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde la fracción del PAN en el Congreso de la Unión seguirán vigilando de cerca e impugnando estas acciones que destruyen a nuestro país. 

Torres Graciano agregó que México ha vivido uno de los años más violentos en su historia, pues de acuerdo a las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, se cometieron más de 2 millones de delitos y en este rubro se incluye los homicidios.

Señaló que se rompió récord de víctimas de delitos como robo a casa habitación, y asalto, pues se registraron más de 300 mil y con ello sobrepasa los números del gobierno de Felipe Calderón, el cual está 70 por ciento abajo de estas cifras.